Conciertos al 100% del gasto: ¿a igual servicio, igual dinero?

Nunca se había ido tan lejos en el campo de la financiación de la enseñanza privada como parece que estar dispuesto a llegar el Departamento de Educación de la comunidad autónoma vasca, bajo el paraguas de las necesidades derivadas del tratamiento del euskera en el nuevo currículo vasco. Se puede leer amplia información y reacciones en el elcorreodigital ("La negociación que mantiene el Departamento de Educación con la patronal de los centros religiosos -Kristau Eskola- y las ikastolas privadas para financiar todos sus gastos y «poder hacer frente así a los nuevos retos del sistema educativo» recogidos en el polémico currículum vasco"), por tanto no voy a describir los términos en que se basa la negociación.

Los conciertos económicos se encuadran dentro del derecho universal de los ciudadanos a la educación, lo que la convierte en los países desarrollados en un sector estratégico. Este derecho le corresponde garantizarlo al estado, del que forman parte los gobiernos autónomos. Para hacerlo efectivo se necesita disponer de una red pública medular, junto con la concurrencia mayor o menor unos sectores de la enseñanza privada, subvencionados o no y de forma desigual, según el país.

En ámbito del País Vasco se da unas circunstancias peculiares: un mapa escolar de redes educativas más complejo y un menor peso de la pública frente al a privada, en parte porque los conciertos son más generosos y la normativa y requisitos exigidos a los centros concertados menos estrictos. Un concierto que suponga cubrir el 100 % de los gatos reales a todos lo niveles tendría que conllevar el 100% de la obligaciones reales de la red pública, para que hubiera las mismas condiciones de competitividad, de lo contrario la enseñanza pública corre el peligro de convertirse en "marginal" en pocos años, con todo el coste social y político que ello supone. Cosa que no he leído que se contemple, ni nada que se le parezca.

Los centros acogidos deberían tener que renunciar a importantes aspectos de sus idearios y normas, a relativizar la confesionalidad, a cumplir criterios de matriculación que prioricen la cercanía y las rentas más bajas, a acoger los
porcentajes de alumnos con "especial dificultad" que se les asignen, a eliminar cuotas económicas que supongan barreras etc. En definitiva, aceptar en la práctica la asociación con la administración del estado que regula el derecho a la educación.

Esto supondría, en unos caso más que en otros, desnaturalización de aspectos importantes de su propia personalidad y de algunas finalidades del proyecto por el que están en el campo de la educación, amén de la incidencia negativa que podría tener en el mantenimiento de algunos inmuebles y patrimonio (por su propio coste) la renuncia a determinados ingresos derivados de la situación actual.
Y desde luego, en la actual situación, el horno no está para estos "bollos".

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