Reforma educativa y contrarreforma lingüística.

De un centro de Gipuzkoa ha salido un manifiesto (no lo enlazo porque me llegó por e-mail) que critica diversos aspectos de la política y gestión del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. En uno de los párrafos se cuestiona la validez de los indicadores comparativos de la próxima evaluación diagnóstica de los centros públicos por el alto número de alumnos extranjeros escolarizados en los mismos, aunque el problema es ajeno a la nacionalidad, no varía porque provengan de otra comunidad autónoma española. Lo que debería cuestionarse es la propia política lingüística, en tanto que responde a criterios propios de la sociedad de los ochenta, sin tener en cuenta los cambios derivados de los movimientos poblacionales. Este es el párrafo:

"El departamento ha decidido que se evaluará por igual a niños nativos o extranjeros, siempre que estos últimos lleven en la comunidad autónoma más de un año. ¿A quien se le ha podido ocurrir? ¿Alguien cree que en un año un niño extranjero puede ser evaluado por escrito como un niño nativo?
Lógicamente los centros con un número notable de extranjeros tendrán unos resultados medios más bajos que otros centros con menos. Dado que todos tenemos que informar al consejo escolar de los resultados, ¿qué tendrá que decir el profesorado? ¿Qué la culpa de los malos resultados la tienen esos niños?"

El colectivo emigrante se encuentran con una enseñanza pública donde el modelo vehicular en castellano ya no es de oferta generalizada, incluso en la privada sigue en recesión, y sin perspectivas si el Departamento de Educación hubiera conseguido apoyos políticos para llevar adelante su reforma lingüística. Pretendía definir un nivel general de lengua vasca que se mediría en los centros al terminar la enseñanza obligatoria, y en función del alejamiento del objetivo debería redefinir el modelo lingüístico. Esto conllevaría la práctica desaparición del castellano como lengua de aprendizaje, ya que precisamente el nivel fijado no se consideraba realista.
La gravedad del problema para estos alumnos, derivado de reducir definitivamente al castellano a mera asignatura, estaría en función de la edad del alumno a escolarizar, incluso podría ser insuperable en el caso de secundaria, dadas las características de ésta: aprendizaje de largo recorrido y dificultad de transferencia por su propia singularidad.
Nadie puede estudiar en un idioma que desconoce, situación que sólo es salvable, cuando se aplican y eligen modelos de inmersión en la etapa infantil. Se obvia que el castellano es la lengua común con los países latinos y de demanda preferente en el caso de los "no castellano hablantes". El bilingüísmo en estos casos tiene que venir de la flexibilización del tratamiento curricular, incorporándose de forma paulatina, mediante programas individualizados si fuera necesario, que para eso si sirven los refuerzos, único recurso al que se aferran sus impulsores.
Este planteamiento integrador debería servir como criterio de la reforma de modelos: mantener las dos lenguas oficiales compartiendo áreas o disciplinas, con prioridades de una u otra basadas en el logro de los objetivos educativos de cada etapa y atendiendo a la demanda social. Para las situación más extremas, siempre se puede aplicar el mecanismo de la exención.

Este punto de vista choca con los mantenidos tradicionalmente, pero converge con el esgrimido recientemente por el Consejo Asesor del Euskera.Tampoco estaría mal un esfuerzo de empatía con el emigrante por motivos económicos. Claro que es no es fácil porque de este país sólo emigran profesionales muy cualificados o funcionarios, casi siempre con jugosos contratos o salarios que pueden llegar a triplicarse. En esas condiciones no hay peligro que los infantes que les acompañen se vean afectados por tener cursar estudios en una de las cien lenguas que este artículo trata de sacar a la luz (muchas cooficiales), ni siquiera en la lengua oficial del país de acogida; como siempre, ante la duda, el inglés.
También puede preguntarse por qué sólo se permite que hagan las pruebas Pisa en lengua vasca a los que la tienen como idioma materno, criterio que también finalmente se aconseja en la evaluación diagnóstica. En definitiva, para la caza de resultados globales sí, para el aprendizaje y la evaluación del alumno, no.

La política lingüística educativa será eficaz si el alumno consigue buenas competencias comunicativas y éxito escolar, fundamento esencial a la integración social y condición para generar las afecciones pretendidas.

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